LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SE DISPARA EN TONALÁ
Por: Redacción/ TEN/ Región
Como respuesta gubernamental o del discurso político que ha servido para matizar la cruda realidad que se vive actualmente en materia de violencia de género, la concerniente a la que padecen cotidianamente muchas mujeres en la entidad, resulta ser una burla, ya que las instituciones creadas para dar respuesta (al menos así fueron proyectadas) no solucionan, no dan seguimiento ni atención profesional y mucho menos pueden ser vinculantes con la autoridad judicial.
“Para las mujeres de Jalisco no existen programas de desarrollo en sus comunidades de origen ni apoyo psicológico que puedan ayudarlas realmente y mucho menos un seguimiento para que puedan recuperar su paz mental”, así lo explicó Martha Dalila Castillo, representante del Colectivo Mujeres Luchando por Mujeres, quienes se han acercado a las instancias oficiales en busca del respaldo en los casos que muchas de sus integrantes sufren en carne propia, sin encontrarlo.
La problemática que cientos de mujeres en Jalisco, padecen, son muy diversos, pero en una visión generalizada el problema se agrava por la falta de atención y voluntad política de los tres niveles de gobierno.
El problema que aqueja a este sector de la población sobrepasa a las autoridades dejando prácticamente a las mujeres en estado de indefensión ante todas las formas de injusticia y violencia.
Los institutos municipales de la mujer, implementados como un mecanismo para brindar ayuda y orientación en casos de crisis, dejan mucho que desear y están lejos de ser la respuesta para la mayoría de las mujeres en la entidad.
Tal es el caso de Tonalá, aquí, el instituto municipal de la mujer y el Sistema Integral para la Familia (DIF) se encuentran rebasados y el gobierno de Sergio Chávez solo argumenta la falta de recursos y se justifica esperando que la iniciativa privada ofrezca trabajo a las mujeres del municipio alfarero víctimas de violencia.
De acuerdo al OPD, se reconoce un incremento sustantivo en casos de violencia intrafamiliar en los últimos dos años, el cual pudiera superar el 300 por ciento, clasificándolos por zonas y por niveles de gravedad, pero sin planes de acción o programas sociales para detener este fenómeno social, lamentablemente hay limitaciones y omisiones, “solamente recibimos 800 mil pesos al año, como presupuesto para operar, por lo que no se tiene personal suficiente para atender la demanda social”, reconoció Angélica Magaly Castellanos Sánchez, titular de la OPD Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva.
La problemática es muy compleja y no solamente existe la violencia física y la violencia económica o cualquier otra, de una larga lista; sin embargo, en la mayoría de los casos, las mujeres victimizadas por sus parejas, apenas inician un proceso y enfrentan otras problemáticas como la tramitología y al llegar a las instituciones, donde supuestamente debieran encontrar respuesta inmediata, lo que sucede allí es que, en el mejor de los casos, funcionan como módulos informativos y academias particulares de capacitación (con costo) para la afectada, quien es invitada a capacitarse en actividades como colocación de uñas, pestañas, elaboración de bisutería u otros servicios.
Por su parte la Secretaria Particular del presidente municipal Chávez Dávalos, Verónica Yanira Sepúlveda Velázquez dejó en claro que la autoridad municipal tiene conocimiento del problema, más no de la solución; “las colonias en donde se ha incrementado la violencia física son Jauja, Hacienda Real, la ladrillera entre otras marginadas y en cotos privados existe otro tipo de violencia y tiene que ver con divorcios, manutención de menores y aspectos económicos”.
Para las mujeres violentadas de Jalisco no existe la justicia, existen lagunas jurídicas y prácticas legaloides que no permiten remediar los daños, y de esto, ni la asesoría jurídica ni recomendar abogados de oficio, son la solución ya que rara vez ganan un juicio.
En este tema mucho tienen que ver las mujeres diputadas del congreso local y más lejos están las diputadas federales, quienes en el discurso se dicen comprometidas con las víctimas de la violencia, pero desde el escritorio, palpan una realidad virtual.
El tema económico les pega fuerte a estas mujeres, pues en la mayoría de los casos son mujeres que trabajan como obreras o amas de casa y no pueden contratar un abogado que realmente las defienda en el aspecto legal y de hecho muy pocos abogados tienen la ética civil y moral de ayudarlas sin cobrar.
Existe también la impunidad de los agresores solapados por una fiscalía incapaz de hacer detenciones preventivas y una labor de investigación a fondo, causando con su omisión la proliferación de delincuentes en las calles, potencializando el aumento de ataques sobre todo a mujeres y niños.
El trabajo que se debe hacer, es bastante y se requiere que la comunidad participe en todas las formas posibles, resulta importante que se empiece a tenderles la mano a estas mujeres, sin la etiqueta mercantil que actualmente tienen en Tonalá, y es que en sus redes sociales, presumen que imparten talleres y se han beneficiado cientos de mujeres, cuyas cuotas oscilan entre los 300 pesos por persona y la pregunta es, quien es quien se beneficia realmente, ya que el instituto asegura no contar con recursos suficientes.
