PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, VAPULEADOS POR EL COVID-19 EN JALISCO.
Para la comunidad profesional de las ramas del derecho en Jalisco, la Justicia es una actividad esencial, o al menos debería ser considerada por la autoridad gubernamental.
A través de un documento dirigido al ejecutivo estatal, con copia al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el Consejo de la Judicatura y otras instancias estatales; en el oficio se explica la complejidad que conlleva el confinamiento de la sociedad por el COVID-19. Derivado del cierre de las instancias el pasado 22 de marzo, es decir que a 90 días de esta implementación sanitaria los procesos pendientes se han incrementado en miles de audiencias detenidas.
Procedimientos de todas las materias del derecho, rebasaron por mucho la capacidad de algunos de los juzgados que permanecieron abiertos para recibir expedientes. Sin embargo, las oficinas públicas en servicio de emergencia no cumplieron con los requerimientos mínimos de la sociedad, dejando suspendidas audiencias, notificaciones, acuerdos, publicaciones en el boletín oficial y sentencias.
Es en este rubro particular que, los profesionales en derecho del Estado de Jalisco esgrimen, la preocupación por el rezago en la impartición de la justicia; un ejemplo de ello es, en materia familiar no se han resuelto Divorcios, Adopciones, Venta de Bienes de menores, Rectificaciones de Actas.
En tanto las sucesiones mantienen en suspenso, la adjudicación de bienes hereditarios. Mientras que en materia civil, la repercusión radica en Derechos Patrimoniales, Contratos de Arrendamiento, Comodatos y otros.
En tanto que el daño en materia Mercantil, es incalculable por la suspensión de operaciones comerciales, audiencias de remate.
Propiciando con ello, una violación a los principios constitucionales de una Justicia pronta y expedita.
Razón suficiente para hacer la petición de que toda actividad jurisdiccional sea clasificada como esencial en el estado de Jalisco.
