CUANDO LA IGNORANCIA Y LA SOBERBIA NOS REBASA
Por: Dr. Luis Octavio Cotero Bernal
Director del Observatorio Académico de Justicia y
Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.
Es cierto que nadie está obligado a saber de todo y por eso es normal que en ocasiones al hablar manifestemos cosas de las que no tenemos idea siquiera, pero la soberbia nos aleja de la humildad para reconocer y aceptar que hay algo de lo que no sabemos, de lo que muy frecuentemente es muy común escuchar hablar tanto al Presidente de la Republica como al Gobernador del Estado; en el caso del Presidente, como fue el tema de la protección de las bandas y desde luego de las bandas criminales que dijo también tenían derechos humanos y lo que al parecer ignora total y absolutamente es una de las más altas responsabilidades que la ley le asigna el de garantizar la vida y demás bienes de los ciudadanos y no ciudadanos, pero que radiquen en territorio mexicano, lo que además resulta vergonzoso e indignante para un país que presume de juristas y de los que alardea el Presidente cuando menciona al Patricio de las Américas, que entre otras frases menciona aquella que reza: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.
Es el caso de nuestro Gobernador que al manifestar tan expresivamente el acto heroico de los cuatro policías del municipio de El Salto, que enfrentaron valientemente a una banda de por sí, cruentos criminales, manifestando que la delincuencia organizada es competencia del gobierno Federal, para tratar de justificar la presencia de esos grupos de delincuentes establecidos en nuestro estado, lo que da a entender que los homicidios que comenten los integrantes de la delincuencia organizada son cosa ajena al gobierno del estado, cosa que si consultara a sus abogados, asesores o permitiera que el abogado del estado, según la ley, se evitaría incurrir en semejante pifia, pues todas las autoridades y hasta el ciudadano particular, este en la legitima defensa, personal o ajena, tiene la obligación de proteger a cualquier individuo que este corriendo eminente peligro de perder la vida, no se diga que la Federación, Estado y los Municipios, tienen el deber constitucional de prevenir la condición de delitos, que la investigación de estos y la persecución de los delincuentes, son responsabilidad de las distintas instituciones creadas para tal efecto, como son la Fiscalía General de la Republica, que su titular da mucho de qué hablar, no tan solo por sus senectud sino por su incapacidad, deshonestidad e incongruencia; que el actual Fiscal del Estado, por la brevedad del tiempo en el cargo da poco de que hablar en su desempeño, lo que sí es muy cierto que es casi imposible el que dé resultados positivos, dado que como el propio Gobernador lo ha reconocido, la Fiscalía esta infiltrada desde hace tiempo, sin que a la fecha se haya sabido de que los infiltrados ya fueron expulsados de la institución y a sabiendas de la miseria en que funciona tal órgano del estado, pues carece severamente de recursos materiales que de humanos tanto ministerios públicos como policías investigadores y demás auxiliares, que además de percibir unos salarios que a muchos los obliga a propiciar o a exigir la dadiva para darle seguimiento a las causas criminales que le son encomendadas, lo que ha sido una situación constante durante toda esta administración y al parecer sin visos de propósitos pendientes a ser una institución eficiente.
En paz descansen los policías caídos en el cumplimiento de su deber, unos en el enfrentamiento y otro en un accidente camino a la batalla, que no es menos su valía, pero que en nuestro estado, desafortunadamente no es una excepción la perdida de elementos policíacos a los que en el evento en que se reconoce el haber fallecido con dignidad, también se dice a voz en cuello que la viuda y los huérfanos serán atendidos oportuna y plenamente en los términos establecidos en la norma, que me surge la duda de que esto sea cierto, que bueno sería procurar a las viudas y a los huérfanos, si están recibiendo los apoyos que les fueron ofrecidos por las autoridades estatales y municipales, en tiempo y forma.
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