SISTEMA FINANCIERO MEXICANO EN TERÁPIA INTENSIVA, ADVIERTEN ESPECIALISTAS
Por: Redacción/ TEN/ Economía
La agencia calificadora Moody’s Ratings redujo la calificación soberana de México desde Baa2 hasta Baa3, aplicando el ajuste tanto para la deuda en moneda local como en moneda extranjera. Aunque la institución modificó la perspectiva económica de negativa a estable, esta decisión sitúa al país en el peldaño más bajo dentro del umbral denominado grado de inversión, ubicándolo a un solo escalón de ingresar a la categoría de deuda especulativa o «bonos basura». Esta evaluación internacional refleja un cambio estructural en la percepción del riesgo crediticio del país, lo que impone una severa advertencia sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo y altera las condiciones de financiamiento para el Estado y los agentes económicos privados.
El argumento central que sustenta esta degradación es el debilitamiento estructural y sostenido de la fortaleza fiscal mexicana. De acuerdo con el reporte oficial de la agencia, el gobierno federal no ha logrado consolidar las finanzas públicas bajo las metas que se habían previsto originalmente, evidenciando una brecha persistente entre el gasto y los ingresos corrientes. Muestra de ello es que el déficit fiscal del sector público ampliado —que abarca al gobierno federal, las instituciones de seguridad social y los apoyos financieros directos a Petróleos Mexicanos— se situó cerca del 5% del Producto Interno Burto (PIB) al cierre de 2025. Esta cifra apenas representa una marginal reducción frente al 5.3% registrado en 2024, quedando significativamente por encima del límite del 4% proyectado en los presupuestos oficiales. Como consecuencia directa de este desbalance macroeconómico, la deuda bruta del gobierno general se aceleró al pasar del 39.8% del PIB en 2023 al 46% en 2024, alcanzando un 49.3% en 2025. Las estimaciones de Moody’s sugieren que, de no corregirse la trayectoria fiscal, el endeudamiento continuará una tendencia alcista hasta aproximarse al 55% del PIB hacia el año 2028.
Un factor determinante en este progresivo deterioro financiero radica en la política de apoyo recurrente y masivo hacia la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Durante el ejercicio de 2025, la administración federal destinó aproximadamente 35 mil millones de dólares, equivalentes al 1.9% del PIB, para el rescate y sostenimiento operativo de la petrolera; asimismo, se han presupuestado 14 mil millones de dólares adicionales, que representan el 0.7% del PIB, para el año 2026. La canalización constante de estos recursos fiscales ha erosionado de manera sustancial la capacidad de ejecutar un ajuste fiscal primario efectivo, absorbiendo un espacio presupuestal crítico que, bajo otras condiciones, habría permitido estabilizar el crecimiento de la deuda pública en un contexto económico de desaceleración generalizada.
La debilidad de la actividad económica doméstica agrava el panorama fiscal descrito. Moody’s revisó a la baja sus pronósticos de crecimiento real para el PIB mexicano, proyectando una expansión inferior al 1% para 2026 y un modesto 1.3% para 2027. Estas proyecciones implican que el crecimiento económico promedio del país entre 2024 y 2027 se situará en apenas el 1%, una tasa considerablemente menor a la tendencia histórica del 2% anual. La agencia internacional atribuye este estancamiento a rigideces estructurales severas, entre las que destacan los elevados índices de informalidad laboral, las condiciones de inseguridad pública y los persistentes cuellos de botella en el suministro de recursos críticos como agua y energía limpia. A estos elementos se suma la marcada incertidumbre jurídica e institucional generada por la reciente reforma judicial y el complejo proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), factores que han desacelerado la toma de decisiones de inversión de largo plazo.
Aunado a lo anterior, el análisis resalta una preocupante erosión de las anclas fiscales que daban certidumbre a los mercados. Desde el año 2023, la conducción hacendaria ha incumplido de manera reiterada tanto la regla de balance presupuestario como los límites internos fijados para el nivel de deuda, restando credibilidad y previsibilidad a la política fiscal del país. Un indicador crítico de esta vulnerabilidad es el ratio de intereses sobre ingresos, el cual ha alcanzado niveles cercanos al 17%. Esta proporción se posiciona como una de las más elevadas entre los países que comparten la categoría de calificación Baa, lo que restringe de forma severa el margen de maniobra fiscal de las autoridades presupuestarias para absorber eventuales choques económicos externos o crisis financieras internacionales.
A pesar de la degradación crediticia, Moody’s ha determinado mantener a México dentro del bloque de naciones con grado de inversión, decisión que sustenta la asignación del panorama «estable». Esto se debe a que el perfil soberano conserva fortalezas estructurales de gran relevancia: la economía mexicana sigue siendo de un tamaño considerable, se encuentra diversificada y mantiene una profunda integración con el mercado de los Estados Unidos, sirviendo como un motor permanente para los flujos de comercio exterior y la atracción de capital productivo. Asimismo, se reconoce la estricta independencia del Banco de México y su sólida credibilidad en la aplicación de la política monetaria bajo el esquema de metas de inflación. En el ámbito financiero, la estructura de la deuda pública continúa mostrando un perfil favorable, caracterizado por plazos de vencimiento prolongados, un claro predominio de pasivos denominados en moneda local y una composición mayoritaria de tasas de interés fijas; estos factores, en combinación con la ausencia de desequilibrios macroeconómicos severos en la balanza de pagos, fundamentan la expectativa de que el deterioro fiscal sea gradual y pueda ser administrado por las autoridades.
Para la población en general, el impacto de esta evaluación internacional trascenderá las variables técnicas y se manifestará de forma paulatina en la economía real. El encarecimiento de los costos de financiamiento para el sector público limitará los recursos destinados al gasto social y a la infraestructura productiva, incrementando el riesgo de ajustes impositivos o de contracciones presupuestales en sectores prioritarios como educación y salud. Asimismo, la mayor cautela por parte de los administradores de fondos globales puede reducir los flujos de inversión extranjera directa y de cartera, presionando el tipo de cambio, lo que eventualmente incidiría sobre las tasas de interés domésticas, la inflación y el consumo general. Moody’s concluye señalando que la ruta para una eventual recuperación de la nota crediticia requiere la implementación de una consolidación fiscal creíble, la reducción sostenida de los subsidios a Pemex, la mejora del clima de negocios para el sector privado y el retorno a tasas de crecimiento cercanas al 2%, variables que permanecerán bajo el estricto escrutinio y foco de atención de los mercados financieros internacionales.
