EL ESTADO MEXICANO SEPULTA LA REALIDAD ANTE SITIOS DE EXTERMINIO
Por: Redacción/ TEN/ Región
El hallazgo de un predio con indicios de ser un crematorio clandestino en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, ha desatado una ola de indignación internacional liderada por Amnistía Internacional, colocando nuevamente al estado en el epicentro de la crisis humanitaria de desapariciones en México. El descubrimiento, realizado de manera independiente por los colectivos Madres Buscadoras de Jalisco y Armadillos Rastreadores, expone una cruda realidad de violencia al contabilizar más de 16 puntos con restos humanos calcinados. Este nuevo sitio no solo evidencia el uso de métodos extremos por parte de grupos delictivos para borrar los rastros de sus víctimas y dificultar las labores de identificación, sino que asesta un golpe directo a la narrativa oficial del Ejecutivo estatal, que de manera sistemática ha intentado desmentir y minimizar la existencia de este tipo de centros de exterminio en la región.
El impacto de este descubrimiento trasciende las fronteras locales al desnudar una crisis de impunidad y una profunda brecha entre las declaraciones gubernamentales y la realidad en el terreno. Mientras las autoridades estatales intentan contener el costo político desacreditando los hallazgos de la ciudadanía organizada, organizaciones defensoras de derechos humanos respaldan la autenticidad del sitio y denuncian las omisiones del Estado mexicano para realizar búsquedas efectivas e investigaciones oportunas. Con un registro oficial que sitúa a Jalisco en los primeros lugares nacionales con 12 mil 793 personas desaparecidas —dentro de un alarmante universo de más de 134 mil casos en todo el país y al menos 5 mil fosas localizadas en las últimas dos décadas—, la aparición de este presunto crematorio vuelve insostenible el discurso de pacificación o control que el gobierno local intenta proyectar.
Ante la gravedad de los hechos y la inacción institucional, la responsabilidad de desenterrar la verdad ha recaído por completo en las familias de las víctimas, quienes se ven obligadas a asumir labores forenses y de rastreo arriesgando sus propias vidas en contextos de alta criminalidad. El hallazgo en Lagos de Moreno incrementa la presión nacional e internacional sobre la Fiscalía y el Gobierno de Jalisco, a los que ahora se les exige no solo el resguardo inmediato de la zona y la activación de protocolos urgentes de identificación antropológica, sino también medidas de protección efectivas para las buscadoras y atención psicológica especializada ante el severo impacto emocional de procesar una escena de horror que las autoridades prefieren negar.
