LA JUSTICIA PARA EL CASO SELLO ROJO TIENE SELLO NARANJA
Por: Redacción/ TEN/ Empresarial
Familiares de socios afectados por el despojo de los derechos corporativos y de participación accionaria de socios de la empresa lechera de origen jalisciense Sello Rojo, solicitaron al presidente de la República su intervención para la defensa de su integridad física y patrimonial, pidiendo al mandatario le ordene a la Fiscalía General de la República que ejerza su facultad de atracción de todas las carpetas de investigación existentes en Jalisco relacionadas con este conflicto.
En conferencia de prensa, los hijos de José Luis González Sánchez y Josefina Rodríguez y el vocero de una de las familias González Uyeda, pidieron al presidente mexicano pueda retomar este caso y ordenar a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria una investigación de los delitos relacionados con aspectos fiscales y financieros por parte de quienes hoy dirigen la empresa, así como poderles otorgar a los afectados el servicio de protección federal.
Los familiares de los principales afectados: Roberto Eiji González Uyeda, José Luis González y Josefina Rodríguez, por los actos irregulares en Sello Rojo desde hace más de cuatro años, explicaron que la contienda judicial que en varios frentes sostienen, da inicio con el establecimiento de medidas cautelares con las que Abraham Kunio González Uyeda toma el control de la empresa, y no ha tenido solución gracias a la intervención de funcionarios pertenecientes a los poderes judicial y ejecutivo de Jalisco en favor de Abraham Kunio y su hermano Rubén Masayi González Uyeda.
Afirmaron que Abraham González es conocido ampliamente en Jalisco por la fuerte influencia y capacidad de manipulación que ejerce sobre funcionarios del círculo cercano al gobernador Enrique Alfaro, magistrados, consejeros y jueces del Poder Judicial, notarios, agentes del ministerio público estatales y federales, entre otros.
Arbitrariamente, los hermanos Abraham y Rubén González Uyeda incluso han negado entregar las utilidades que les corresponden por ley a José Luis González y Josefina Rodríguez por más de siete años, periodo en el que la empresa ha tenido ventas superiores a los 36,000 millones de pesos.
Los familiares de los socios afectados explicaron la forma en que, en 2019, con base en un viciado dictamen, los hermanos Abraham y Rubén González Uyeda argumentaron que la empresa tenía un riesgo potencial de deuda de 400 millones de pesos, lo que utilizan como argucia para hacerse de la empresa y dar inicio a una serie de acciones de despojo con base en intimidaciones y amenazas dirigidas al resto de los socios, así como de prácticas laborales ilícitas que han llevado a la empresa a crecientes pérdidas.
Abraham y Rubén González Uyeda hoy no entregan reportes detallados, se han negado al pago de dividendos a los socios, han modificado ilegalmente los estatus de la empresa y con ello logrado la anulación del voto corporativo de los socios.
Asimismo, añadieron, han llevado a cabo una permanente violación de derechos de los trabajadores, como despidos masivos, firmas forzadas de renuncias e incluso secuestros temporales denunciados por los trabajadores en Guadalajara, Acapulco, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Hicieron hincapié en las supuestas aportaciones a la empresa no reflejadas en Hacienda y falseo de información financiera en asambleas y ante la opinión pública, lo que debería, consideraron, implicar una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Auditoría Superior de la Federación.
Los hijos de los socios de 86 y 90 años explicaron que Abraham González Uyeda logró el bloqueo a una denuncia de hechos en la Ciudad de México para regresarla a Jalisco, y en respuesta a dicha denuncia estarían inventando una presunta acusación por actos de delincuencia en contra de Paloma y Mayarí González, hijas del fundador José Luis González.
“En días recientes nos hemos enterado que en la oficina del gobernador Alfaro se estarían posiblemente armando procedimientos penales en contra de todos y cada uno de nosotros”.
Informan tener información de que la pérdida acumulada para la compañía desde que Abraham asumió ilegalmente el control es de casi 1,300 millones de pesos y hoy se pone en riesgo el empleo de más de 8,000 trabajadores.
Como miembro del grupo de colaboradores de Genaro García Luna, Abraham González mantiene una red de apoyo en la Fiscalía General de la República, utilizando como operador legal al mismo despacho acusado de fraude multimillonario en el caso de la Fundación Jenkins. “Esto nos ha imposibilitado a obtener justicia en Jalisco, razón por la cual pretendemos llamar la atención de los poderes ejecutivo y judicial de la Federación”.
Acusaron que las conductas concebidas y coordinadas por los hermanos González Uyeda, se traducen en diversos delitos del orden estatal y federal como evasión de impuestos, lavado de dinero, fraude procesal, simulación de actos jurídicos, operación en el extranjero con recursos de procedencia ilícita, falsificación de firmas, amenazas, entre otros.
A pesar de lo anterior, no hay acción legal que en su contra prospere en Jalisco y, sí, por el contrario, proceden todas las que en nuestra contra dirige, denunciaron.
Finalmente afirmaron que la intención de Abraham González Uyeda y su hermano Rubén es “llevarnos a un punto de crisis, recluyéndonos en prisión”, a fin de que se le firmen sendos desistimientos de los juicios que iniciamos desde 2019, por lo cual la probable participación de la Presidencia de la República en favor de la justicia de los socios afectados podría ser de vital trascendencia en favor de la legalidad en este caso.
